El registro entra en la conversación del sector inmobiliario
El 8 de septiembre de 2026, la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT) emitió la Circular ONCDOFT-DGCJ 003-2026. El documento establece las reglas para la inscripción y actualización de determinados sujetos ante el Registro Unificado de Sujetos Obligados (RUSO) y dejó sin efecto la Circular DGCJ-002-2026, que había sido emitida apenas unos días antes, el 1 de septiembre.
Para el sector inmobiliario, la publicación es relevante porque la Circular incluye expresamente a las agencias inmobiliarias dentro de las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD) alcanzadas por sus disposiciones.
Sin embargo, existe un matiz importante: el documento vincula esa inclusión con agencias que intervienen en operaciones en las que existe manejo de fondos relacionados con la compra y venta de inmuebles.
¿Qué significa?
Esto significa que conviene evitar una conclusión demasiado rápida como todas las inmobiliarias de Venezuela deben registrarse.
El propio texto establece condiciones sobre el tipo de actividad realizada y, más adelante, también hace referencia a los agentes inmobiliarios considerados sujetos obligados al abordar las medidas de debida diligencia y la determinación del origen y destino de los fondos de sus clientes.
Por eso, el cambio no debería entenderse únicamente como la aparición de un nuevo formulario. La Circular regula quiénes deben inscribirse, qué información debe mantenerse actualizada y cómo se tramita el registro, además de incorporar compromisos relacionados con la debida diligencia para quienes sean considerados sujetos obligados.
Nota: este artículo tiene fines informativos y se basa en la Circular ONCDOFT-DGCJ 003-2026 y en publicaciones de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela. No sustituye asesoría jurídica ni determina si una persona o empresa específica califica como sujeto obligado.
